El Real Decreto 208/1996 distingue entre información general y particular, una separación esencial para resolver estas preguntas sin confundir una consulta abierta con el acceso a un procedimiento concreto. Esta práctica de atención al público y archivo en la AGE trabaja también el justificante del registro electrónico, las copias auténticas y los derechos del interesado. Son conceptos próximos, pero cada uno tiene destinatarios, contenidos y efectos diferentes que conviene identificar con precisión.
Una reforma afecta especialmente a varias asociaciones. Si conviene ampliar su difusión, ¿a quién debe ofrecerse la información general?
Fuente: Real Decreto 208/1996, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, art. 2
¿Qué unidades aportan la información particular, aunque puedan colaborar con oficinas de información para responder con agilidad?
Fuente: Real Decreto 208/1996, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, art. 3
Quien tiene condición de interesado desea revisar un procedimiento administrativo todavía abierto. ¿Qué puede conocer u obtener?
Fuente: Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, art. 53
Tras presentar una solicitud en un registro electrónico, una ciudadana pregunta qué justificante debe producir el sistema. ¿Cuál es la respuesta correcta?
Fuente: Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, art. 16
¿Qué alcance reconoce la LPAC a una copia auténtica de un documento privado expedida correctamente por una Administración Pública?
Fuente: Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, art. 27
¿Qué finalidad atribuye el Real Decreto 208/1996 a la información administrativa?
Fuente: Real Decreto 208/1996, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, art. 1
En una oficina se ordena la información administrativa por sus destinatarios y contenido. ¿Qué clasificación procede?
Fuente: Real Decreto 208/1996, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, art. 1
Una persona pregunta dónde se encuentra un organismo y cuáles son sus competencias. ¿Cómo se califica esa información?
Fuente: Real Decreto 208/1996, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, art. 2
Al solicitar información general sobre los requisitos de una prestación, ¿qué debe acreditar el ciudadano?
Fuente: Real Decreto 208/1996, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, art. 2
¿Qué datos integran la información particular de un procedimiento que sigue en tramitación?
Fuente: Real Decreto 208/1996, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, art. 3
La información administrativa permite conocer derechos y obligaciones y facilita el uso de bienes y servicios públicos. El Real Decreto 208/1996 la clasifica como general o particular. La general comprende, entre otros contenidos, la localización y las competencias de organismos, los requisitos aplicables o las prestaciones disponibles. Debe facilitarse sin exigir legitimación. Cuando resulte conveniente ampliar la difusión de una medida, puede ofrecerse a los grupos sociales o instituciones interesados en conocerla. La información particular, en cambio, se vincula con un procedimiento identificado: permite conocer su estado o contenido y quiénes son responsables de tramitarlo.
La condición de interesado determina el acceso a un procedimiento en curso. El artículo 53 de la Ley 39/2015 reconoce el derecho a conocer su estado de tramitación, acceder a los documentos incorporados y obtener copia. Esto no abre expedientes ajenos ni permite exigir borradores internos o anticipar una resolución todavía inexistente. Al presentar una solicitud electrónicamente, el registro debe generar de forma automática un recibo con copia autenticada, fecha y hora, número de entrada y constancia de los documentos adjuntos. Además, una copia auténtica administrativa conserva su validez ante otras Administraciones, aunque la copia de un documento privado solo produzca efectos administrativos.
| Figura | Contenido o efecto | Clave para distinguirla |
|---|---|---|
| Información general | Organismos, competencias, requisitos y servicios | No exige acreditar legitimación |
| Información particular | Estado, contenido y responsables de un procedimiento | Se refiere a un expediente concreto |
| Acceso del interesado | Consulta y copia de documentos incorporados | Nace de su posición en el procedimiento |
| Recibo registral electrónico | Acredita entrada, fecha, hora y documentos adjuntos | Se emite automáticamente al presentar |
No, la información general debe facilitarse sin exigir legitimación. Preguntar por los requisitos de una prestación, la competencia de un organismo o la ubicación de una unidad no equivale a consultar un expediente. La legitimación cobra relevancia cuando se pretende acceder a información particular de un procedimiento concreto.
La aportan las unidades de gestión de la Administración General del Estado. Las oficinas de información pueden colaborar con ellas para ofrecer una respuesta ágil, pero esa colaboración no traslada la responsabilidad a registros, inspecciones de servicios o comisiones de coordinación.
Debe incluir una copia autenticada del escrito presentado, la fecha y hora de presentación, el número de entrada y la acreditación de los documentos que lo acompañan. No necesita una valoración provisional, la firma posterior de la unidad tramitadora ni una fecha estimada de resolución.
Cada respuesta errónea resta un tercio del valor de una correcta y las respuestas en blanco no penalizan. Tanto C2, con 110 preguntas en 90 minutos, como C1, con 90 preguntas en 100 minutos, tienen dos partes eliminatorias. Cada parte se puntúa de 0 a 50 y exige 25, pero la equivalencia en puntuación directa la fija después la Comisión Permanente de Selección.
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