La inspección tributaria comprueba lo declarado, investiga hechos ocultos y documenta sus conclusiones con efectos probatorios específicos. En esta parte del examen importan mucho los límites: cuándo cabe exigir una comparecencia personal, qué soportes pueden examinarse, cómo se preserva una prueba y qué información debe recibir el obligado. Distinguir funciones, facultades y alcance evita confundir la inspección con la gestión, la recaudación o la revisión económico-administrativa.
Durante una actuación inspectora, el obligado pide orientación sobre cómo cumplir las obligaciones que se están examinando. ¿Encaja esa orientación entre las funciones de la inspección tributaria?
Fuente: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, art. 141
La contabilidad de una empresa se conserva en una base de datos. ¿Qué facultad permite a la inspección examinar ese soporte durante sus actuaciones?
Fuente: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, art. 142
Un representante puede aportar toda la documentación requerida, pero la inspección quiere que comparezca personalmente el obligado tributario. ¿Cuándo puede exigirlo?
Fuente: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, art. 142
Para dejar constancia formal de sus actuaciones, ¿qué relación recoge íntegramente las clases de documentos que puede emplear la inspección de los tributos?
Fuente: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, art. 143
Frente a los hechos que motivaron la formalización de un acta de inspección, ¿qué valor probatorio establece la LGT para ese documento público?
Fuente: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, art. 144
Al distinguir comprobación e investigación dentro del procedimiento inspector, ¿qué cometido corresponde específicamente a la investigación?
Fuente: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, art. 145
Existe riesgo de que se alteren archivos esenciales para acreditar una obligación tributaria. ¿Cuál de estas actuaciones figura como posible medida cautelar inspectora?
Fuente: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, art. 146
Tras adoptar el actuario una medida cautelar en el procedimiento de inspección, ¿qué control temporal exige la LGT para que pueda mantenerse?
Fuente: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, art. 146
En el momento de comenzar las actuaciones inspectoras, ¿sobre qué extremos debe recibir información el obligado tributario?
Fuente: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, art. 147
Una inspección no abarca todos los elementos de la obligación tributaria del período comprobado. ¿Cómo califica la LGT, por ese motivo, las actuaciones?
Fuente: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, art. 148
La inspección cumple funciones de comprobación e investigación, pero también debe informar al obligado sobre sus derechos, obligaciones y forma de cumplimiento durante las actuaciones, conforme al artículo 141 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Para obtener y contrastar datos puede examinar contabilidad, bases de datos, programas, registros y archivos informáticos relacionados con actividades económicas, según el artículo 142 de la Ley 58/2003. Ahora bien, la comparecencia personal no es ordinaria: solo cabe excepcionalmente, mediante requerimiento motivado y cuando la naturaleza de la actuación la exija. La actividad inspectora se documenta en comunicaciones, diligencias, informes y actas, enumerados por el artículo 143 de la Ley 58/2003. El acta tiene condición de documento público y prueba los hechos que motivaron su formalización, aunque el interesado puede acreditar lo contrario, como dispone el artículo 144 de la Ley 58/2003.
Comprobación e investigación no son equivalentes. La comprobación verifica la exactitud de los elementos declarados, mientras que la investigación descubre hechos con relevancia tributaria no declarados o declarados incorrectamente, según el artículo 145 de la Ley 58/2003. Si existe riesgo de alteración o desaparición de pruebas, la inspección puede adoptar medidas cautelares, incluido el precinto de equipos electrónicos que contengan información relevante. Para mantener la medida, el órgano competente para liquidar debe ratificarla dentro de los quince días siguientes a su adopción, conforme al artículo 146 de la Ley 58/2003. Al comenzar el procedimiento, el obligado debe conocer la naturaleza y el alcance de las actuaciones, además de sus derechos y obligaciones, de acuerdo con el artículo 147 de la Ley 58/2003. Finalmente, el alcance será parcial cuando la inspección no afecte a todos los elementos de la obligación tributaria del período examinado, como establece el artículo 148 de la Ley 58/2003.
| Comprobación | Investigación |
|---|---|
| Verifica la exactitud de los elementos declarados. | Descubre hechos con relevancia tributaria. |
| Parte de datos consignados por el obligado. | Busca hechos no declarados o declarados incorrectamente. |
| No equivale a una comprobación limitada de gestión. | No comprende la resolución de reclamaciones ni el cobro por apremio. |
| Se regula en el artículo 145.2 de la Ley 58/2003. | Se regula en el artículo 145.3 de la Ley 58/2003. |
Solo puede exigirse excepcionalmente, de forma motivada y cuando lo requiera la naturaleza de la actuación. El artículo 142 de la Ley 58/2003 no permite convertirla en una regla general por tratarse de una inspección parcial ni hacerla depender del rechazo de un acta con acuerdo.
El acta prueba los hechos que motivaron su formalización, salvo que se acredite lo contrario. Así lo dispone el artículo 144 de la Ley 58/2003, que la califica como documento público, pero no establece una presunción irrebatible ni limita su eficacia a la existencia de una liquidación definitiva.
Debe ratificarla el órgano competente para liquidar dentro de los quince días siguientes a su adopción. El artículo 146 de la Ley 58/2003 atribuye ese control al órgano liquidador, no al órgano sancionador, a un tribunal económico-administrativo ni, como regla general, a un juez.
Son parciales cuando no afectan a todos los elementos de la obligación tributaria correspondientes al período examinado. El artículo 148 de la Ley 58/2003 utiliza esa calificación, que no debe confundirse con una comprobación limitada de gestión ni sustituirse por expresiones como alcance provisional o actuaciones abreviadas.
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