Al interpretar las normas sobre derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente, ¿qué referencia impone la propia Constitución?
Fuente: Constitución Española de 1978, art. 10
Ayudante de Instituciones Penitenciarias · Organización del Estado
Preguntas de Organización del Estado para Ayudantes de Instituciones Penitenciarias
Este bloque pertenece al Derecho constitucional general compartido con otras oposiciones y no constituye una materia específicamente penitenciaria. Las preguntas exigen reconocer la forma política del Estado, los valores superiores, varias garantías constitucionales y las funciones de instituciones como la Corona, las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo y los tribunales. Los errores suelen proceder de respuestas plausibles que sustituyen la formulación constitucional por conceptos próximos, plazos distintos o competencias atribuidas al órgano equivocado.
Práctica
Preguntas de práctica gratuitas
El Rey expide un acto que requiere refrendo. ¿Sobre quién recae la responsabilidad derivada de ese acto?
Fuente: Constitución Española de 1978, art. 64
Por razones de orden público, un tribunal valora restringir la publicidad de parte de unas actuaciones. ¿Qué requisito exige la LOPJ?
Fuente: Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, art. 232
En un proceso no penal, el fiscal no actúa como demandante y ninguna ley fija otra regla. ¿En qué momento interviene?
Fuente: Ley 50/1981, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, art. 3
Al redactar el acta de una sesión del Consejo de Ministros, ¿qué contenido debe figurar?
Fuente: Ley 50/1997, del Gobierno, art. 18
¿Qué forma política atribuye la Constitución al Estado español?
Fuente: Constitución Española de 1978, art. 1
Una disposición sancionadora desfavorable pretende aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor. ¿Qué garantía constitucional resulta directamente relevante?
Fuente: Constitución Española de 1978, art. 9
Una norma establece una diferencia de trato basada en una circunstancia social no enumerada expresamente. ¿Qué permite concluir el artículo 14?
Fuente: Constitución Española de 1978, art. 14
Respecto de las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas, señale la afirmación constitucionalmente correcta.
Fuente: Constitución Española de 1978, art. 16
Sin perjuicio de que la detención preventiva deba cesar antes cuando deje de ser estrictamente necesaria para las averiguaciones, ¿qué plazo máximo constitucional existe desde su inicio para poner al detenido en libertad o a disposición judicial?
Fuente: Constitución Española de 1978, art. 17
El Estado y los poderes públicos
La primera institución examinada es el propio Estado constitucional. El artículo 1 distingue dos datos que conviene retener por separado: España se constituye sobre los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político; su forma política es la Monarquía parlamentaria. El artículo 9.3 añade garantías frente a la actuación normativa, entre ellas la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. Para interpretar los derechos fundamentales, el artículo 10.2 remite a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos ratificados por España.
- El artículo 14 contiene una cláusula abierta: también puede existir discriminación por otra condición o circunstancia personal o social.
- Según el artículo 16.3, ninguna confesión tiene carácter estatal; los poderes públicos deben tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad.
La Administración civil y la actuación policial
Varias preguntas trasladan las reglas constitucionales a decisiones concretas. Una detención solo puede durar el tiempo imprescindible para las averiguaciones y, en todo caso, obliga a liberar al detenido o ponerlo a disposición judicial dentro del máximo de setenta y dos horas. La entrada policial en un domicilio sin consentimiento requiere resolución judicial o delito flagrante. No bastan una sospecha, una denuncia anónima, una autorización municipal ni una orden verbal.
- El artículo 25.3 impide que la Administración civil imponga sanciones que impliquen, directa o subsidiariamente, privación de libertad.
- El límite de setenta y dos horas no convierte ese plazo en una duración ordinaria de toda detención.
Los tribunales y la protección institucional de los derechos
Ante los tribunales, exigir al acusado que pruebe su inocencia desde el comienzo compromete directamente la presunción de inocencia del artículo 24.2. En el marco institucional más amplio, el Poder Judicial ejerce la potestad jurisdiccional y sus órganos de gobierno no pueden dirigir instrucciones a jueces inferiores sobre cómo interpretar una norma en asuntos futuros. El Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, supervisa la Administración para defender los derechos del Título I y da cuenta de su actuación a las propias Cortes.
- Las actuaciones judiciales solo pueden restringirse por orden público mediante resolución motivada.
- La deliberación del tribunal y el resultado de la votación son secretos.
| Órgano | Función o regla |
|---|---|
| Rey | Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones; propone candidato a la Presidencia del Gobierno tras las consultas previstas. |
| Cortes Generales | Ejercen la potestad legislativa estatal, aprueban los Presupuestos y controlan la acción del Gobierno. |
| Defensor del Pueblo | Supervisa la Administración para defender los derechos del Título I y da cuenta a las Cortes. |
| Congreso de los Diputados | Aprueba una ley orgánica por mayoría absoluta en votación final sobre el conjunto. |
| Senado | Dispone de veinte días naturales para vetar o enmendar un proyecto declarado urgente por el Congreso. |
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre los valores superiores y la forma política del Estado?
El artículo 1.1 enumera libertad, justicia, igualdad y pluralismo político como valores superiores. El artículo 1.3 define, en cambio, la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado.
¿Puede aplicarse una sanción desfavorable a hechos anteriores?
No cuando ello supone aplicar retroactivamente una disposición sancionadora no favorable. La garantía pertinente es la irretroactividad reconocida en el artículo 9.3.
¿Cuándo puede entrarse en un domicilio sin consentimiento?
El artículo 18.2 admite la entrada mediante resolución judicial o en caso de delito flagrante. Una sospecha policial o una urgencia administrativa no sustituyen esos títulos.
¿Puede la Administración civil imponer una sanción que prive de libertad?
No. El artículo 25.3 prohíbe las sanciones administrativas que impliquen privación de libertad, tanto de manera directa como subsidiaria.
Preguntas de práctica